Cuando la piratería es consentida desde el gobierno.
Lázaro inicio sus labores como externo al gobierno bajo el renglón presupuestario 029, lo que indica que no suma tiempo para su jubilación ni tampoco recibirá prestación alguna, tan sólo devengará honorarios por el servicio que está prestando.
En ninguna parte de su contrato se habla sobre un horario, debido precisamente a su carácter externo, aún así los jefes de área señalan con rigidez un horario que deben respetar, amenazando a cada momento con no renovar o incluso rescindir el actual contrato de trabajo si acaso se atreven a no respetar el horario que se ha establecido.
Hablando con diferentes personas se ha llegado a concluir que; nadie dice algo por temor a no continuar presentando servicios y quedar nuevamente a merced del calvario que representa quedar sin empleo en Guatemala.
Aún así el problema sigue siendo el abuso de autoridad de parte de los directores de área cuya actividad debería realizarse trabajando en mejorar los procesos y con ello el buen desempeño de sus subordinados.
Cuando Lázaro encendió su computadora, apareció un mensaje en su pantalla y en ese momento descubrió que; tanto el sistema operativo como los programas de office estaban siendo utilizados sin la debida licencia. Consultó en cada una de las direcciones de ese Ministerio y descubrió que es un hecho que se ha vuelto costumbre en un país donde lo ilícito se vuelve normal.
Al recibir la información, nos dimos a la tarea de realizar una investigación más profunda y pudimos encontrar que en todos y cada uno de los poderes del Estado es común encontrar que la mayoría de ordenadores funcionan ilegalmente.
Por un lado se exige que el servidor público dé más de lo que su contrato le permite, se le dibuja como un haragán que hay que llevarlo de la mano para que cumpla con sus obligaciones. Por otro lado el aparato estatal ha sido incapaz de cumplir su responsabilidad de pagar por un producto que usa de manera constante.
El sistema ha fallado desde el momento que permite usar de manera trucada programas para uso oficial sabiendo que consentirlo es un delito.
El problema de la piratería no proviene de la actual administración, ni de la anterior; muchas veces desde la adquisición del equipo de cómputo.
Aunque el problema no surge con el señor Alejandro Giammattei, su culpa es no poner orden en la mesa para tener claridad de los programas adquiridos y del costo que será ponerse al día con sus obligaciones.
Castell 